Tres abogados de la agrupación Reset Republicano denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por discriminación e incitación a la violencia colectiva, a raíz de un mensaje en redes sociales en el que asoció el reclamo universitario con episodios de delincuencia. La presentación se realizó el lunes 19 de octubre de 2026 ante los tribunales federales de Comodoro Py y recayó, tras el sorteo, en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
Según informó el medio Ambito, los letrados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla cuestionaron que la titular de Seguridad vinculara el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con hechos violentos protagonizados por personas que, señalaron, no fueron identificadas.
Qué denuncia el escrito presentado en Comodoro Py
En el escrito, los denunciantes sostuvieron que la funcionaria asoció de manera «generalizada, arbitraria y temeraria» el reclamo por el presupuesto educativo con «la delincuencia y la violencia». El punto más criticado fue la expresión «Así los universitarios», que la ministra habría utilizado en una publicación difundida desde su cuenta institucional.
Para los abogados, esa frase «despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país», según el texto de la denuncia recogido por Ambito.
La publicación de Monteoliva generó un cruce político inmediato. Según informó Minuto Uno, el mensaje mostró «la peor cara del Gobierno» al ironizar sobre el modo en que los universitarios reclaman sus derechos.
Los delitos que los denunciantes atribuyen a la ministra
Los letrados pidieron que se investigue si la publicación se encuadra en tres figuras penales concretas. La primera es el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592. La segunda, el artículo 212 del Código Penal, que contempla la incitación a la violencia colectiva. La tercera es el artículo 248, referido al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de la posible incitación a la violencia, señalaron que el mensaje fue difundido desde una posición de poder institucional y que, por su alcance, podría generar un riesgo concreto para el colectivo universitario.
La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los funcionarios públicos deben actuar con especial cuidado al emitir declaraciones que puedan afectar a determinados grupos sociales, especialmente en contextos de conflicto.
En esa línea, los denunciantes afirmaron que imputar hechos violentos a un colectivo entero, sin identificar responsables, «tensiona la presunción de inocencia» y puede contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente un derecho constitucional.
Ética pública: el argumento sobre el uso del cargo
El escrito apunta además contra la conducta de Monteoliva a la luz de las normas de ética pública. Cita la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y el Código de Ética de la Función Pública, que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ocupan cargos estatales.
Para los abogados, el caso debe analizarse considerando que la publicación no fue realizada por un particular, sino por la máxima autoridad nacional en materia de seguridad interior. Ese dato, sostienen, agrava la responsabilidad de la funcionaria.
El contexto: represión en la Quinta Marcha Federal Universitaria
La denuncia llega días después de los incidentes registrados el jueves 15 de octubre frente al Congreso durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, en la que hubo 31 detenidos, según informó LA NACION. La ministra acusó a «facciones violentas» por los disturbios y anticipó que su cartera recopila imágenes para presentar denuncias penales.
Medios como Plan B Noticias señalaron que unas 40 organizaciones sociales pidieron la intervención de las Naciones Unidas para garantizar el derecho de protesta, tras un operativo policial con balas de goma, gases y detenciones que incluyeron menores de edad. Monteoliva respondió con una denuncia penal propia y con el mensaje «Los mismos violentos de siempre» en sus redes.
El episodio refleja una escalada de tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento universitario, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. La respuesta oficial combina la vía judicial contra los manifestantes con comunicaciones políticas que, ahora, la propia ministra deberá explicar ante la Justicia federal.
Pruebas digitales y pedido de protección de datos
Como medida de prueba, los denunciantes ofrecieron una captura de pantalla del posteo y solicitaron que se preserve y certifique la dirección URL mediante una constatación notarial o un peritaje informático.
También requirieron que se libre un oficio a la empresa X Corp. para que informe sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP vinculadas con la publicación.
Los tres abogados, que se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pidieron además que se les reconozca el carácter de víctimas en los términos de la Ley 27.372 de asistencia a la víctima.
Finalmente, solicitaron que se tenga por presentada la denuncia, se ordene su ratificación y se dispongan medidas urgentes para evitar la eliminación o alteración de los registros digitales del caso.
Preguntas frecuentes
¿Quién denunció a Alejandra Monteoliva?
Los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano y docentes de la UBA. La denuncia recayó en el juzgado federal 2 de Sebastián Ramos.
¿De qué delitos se acusa a la ministra de Seguridad?
Los denunciantes piden investigar la posible violación del artículo 3 de la Ley 23.592 (discriminación), el artículo 212 del Código Penal (incitación a la violencia colectiva) y el artículo 248 (abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público).
¿Por qué motivo se presentó la denuncia?
Por una publicación de Monteoliva en redes sociales que asoció el reclamo universitario por el financiamiento de la educación pública con la delincuencia y la violencia, mediante expresiones como «Así los universitarios».