El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a iniciar todas las acciones judiciales necesarias para defender los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La medida, formalizada mediante el Decreto N.º 1935 firmado el 2 de octubre de 2026, responde al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la libre adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El decreto faculta a la Fiscalía de Estado a actuar “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas” para hacer valer los derechos del Estado provincial que pudieran verse afectados por la eliminación de la norma de protección territorial.
¿Por qué Misiones se opone a la derogación de la Ley de Tierras Rurales?
Passalacqua fundamentó su decisión en las características particulares de la provincia, que comparte más del 90% de su frontera con Paraguay y Brasil. “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo el mandatario.
El gobernador definió el cuidado de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”. La provincia considera que la derogación de la ley impacta directamente sobre su autonomía territorial, las finanzas públicas, el control de los recursos naturales y la seguridad provincial y municipal.
El conflicto judicial: de la Cámara Federal de La Plata a la Corte Suprema
El litigio se originó cuando el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, incluyendo un límite del 15% para la titularidad extranjera.
La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo, pero el Gobierno nacional apeló y el expediente llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal revocó la sentencia y rechazó la demanda por falta de legitimación del Cecim, la organización que había promovido la acción. La propia Corte aclaró posteriormente que su decisión no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154.
Qué acciones judiciales prepara el gobierno de Misiones
El artículo 1° del Decreto N.º 1935 instruye específicamente al Fiscal de Estado a ejercer la representación legal de la provincia y promover las acciones y defensas necesarias ante los posibles efectos de la derogación de la Ley 26.737.
Con esta medida, el gobierno provincial formaliza su decisión de agotar todas las instancias legales disponibles para resguardar su territorio, en un contexto donde el fallo de la Corte Suprema reabrió el debate político sobre la adquisición de tierras por extranjeros.
Reacciones políticas: la diputada Centeno cuestiona el fallo
La diputada provincial oficialista Anazul Centeno, del bloque “Movimiento por lo que Viene”, calificó la situación como “gravísima” y anticipó que trabajarán en un proyecto de declaración de preocupación en la Legislatura misionera.
“Lo que no se pudo conseguir por vía democrática, los tres jueces de la Corte Suprema decidieron fallar en contra del pueblo”, manifestó Centeno en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones. La legisladora remarcó que la problemática debería volver a ser abordada por el Congreso de la Nación y pidió que los diputados nacionales por Misiones busquen consensos entre los distintos espacios políticos.
“Estamos pidiéndole a todos los diputados nacionales por Misiones, no solamente a los que son de nuestro movimiento, que busquen los consensos necesarios en Nación”, sostuvo.
¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema sobre tierras rurales?
El fallo del máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, la Corte aclaró que su decisión se vinculó con la legitimación de la organización demandante y la inexistencia de un caso judicial concreto, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
Esto deja abierta la puerta para que las provincias, como Misiones, presenten sus propios reclamos ante la justicia, tal como ha dispuesto Passalacqua. El debate sobre el régimen de propiedad de la tierra en zonas fronterizas y estratégicas continuará tanto en los tribunales como en el ámbito legislativo.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Tierras Rurales y el conflicto en Misiones
¿Qué establecía la Ley 26.737 de Tierras Rurales?
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales en Argentina. Entre sus restricciones principales, limitaba al 15% la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros y exigía autorización previa para la adquisición por parte de personas o empresas extranjeras.
¿Qué dice el artículo 154 del DNU 70/2023?
El artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, derogó la Ley 26.737, eliminando las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esta decisión fue cuestionada judicialmente y es el origen del conflicto actual.
¿Puede la Corte Suprema declarar inconstitucional el artículo 154?
Sí. El fallo reciente de la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154. El máximo tribunal solo se pronunció sobre la legitimación del Cecim, la organización demandante. Esto significa que la constitucionalidad de la derogación sigue siendo una cuestión abierta que podría ser resuelta en futuros litigios.