El diputado costarricense Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, presentó este jueves 15 de octubre de 2026 una denuncia penal contra la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto nombramiento ilegal de Pablo Esteban Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Según informó infobae, la denuncia quedó radicada ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Carlo Díaz Sánchez, y apunta a determinar si el Poder Ejecutivo incumplió los requisitos legales para designar al máximo responsable de uno de los organismos de inteligencia del Estado costarricense. El nombramiento entró en vigor el 1.º de junio de 2026.
El requisito que no se habría cumplido
El eje del planteo es el artículo 65 de la Ley General de Policía, que exige como mínimo el grado de comisionado para ocupar la dirección de los cuerpos policiales. Los subdirectores deben acreditar, al menos, el grado de comandante.
La controversia estalló después de que Casa Presidencial reconociera oficialmente que Martínez Bertozzi no ostenta ningún rango policial. En una respuesta remitida al medio CR Hoy el 14 de agosto de 2026, el Gobierno confirmó de manera expresa esa carencia.
“El señor Pablo Bertozzi Martínez no ostenta rango policial”, indicó Presidencia en la comunicación divulgada por el medio.
Trejos sostiene que esta situación podría configurar el delito de nombramientos ilegales, contemplado en el artículo 344 del Código Penal, y pidió investigar la responsabilidad de todos los funcionarios que participaron en el procedimiento administrativo.
Un reglamento no puede reemplazar a la ley
El Poder Ejecutivo defendió la legalidad de la designación con base en el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS, que permite que la Dirección General sea ocupada por un profesional del área o una persona con experiencia e idoneidad técnica en seguridad.
El argumento es débil. Como señala el propio diputado, un reglamento no puede eliminar ni sustituir un requisito establecido por ley. La normativa reconoce que se trata de cargos de libre nombramiento y remoción, pero esa facultad no habilita a desconocer las condiciones exigidas para ocuparlos. La jerarquía normativa no es un detalle formal: es la línea que separa un Estado regido por reglas de uno regido por la voluntad discrecional del funcionario de turno.
La denuncia pide que la Fiscalía determine si las disposiciones invocadas por el Gobierno justifican la designación y si existieron informes jurídicos o estudios técnicos que respaldaran la decisión administrativa.
El Ministerio de Seguridad tampoco registra el rango
El planteo incorpora documentación del Ministerio de Seguridad Pública, específicamente el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026, emitido el 4 de septiembre de 2026. En ese documento la institución explicó el procedimiento para reconocer grados policiales y adjuntó una lista de funcionarios que ostentan, como mínimo, los rangos de comisionado y comandante.
Martínez Bertozzi no figura en ese registro. Ante esa evidencia, Trejos solicitó una certificación oficial para determinar si el designado contaba con el grado de comisionado al asumir el cargo y, en caso de existir alguna acreditación, cuándo fue otorgada, qué autoridad la concedió y con qué fundamentos jurídicos.
Martínez Bertozzi es abogado de profesión y se desempeñó antes como asesor presidencial durante la administración de Chaves.
Un decreto de 2024 bajo la lupa
La controversia alcanza también una reforma reglamentaria de la administración anterior. El 11 de julio de 2024, cuando Chaves era presidente y Fernández ocupaba el Ministerio de la Presidencia, ambos firmaron el Decreto Ejecutivo 44637-MP, que modificó las disposiciones sobre otorgamiento de grados policiales en la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Esa reforma contempla mecanismos para que el presidente y el ministro de la Presidencia otorguen grados policiales mediante acuerdos ejecutivos, bajo determinadas condiciones de necesidad institucional. Trejos cuestiona que ese procedimiento permita conferir rangos de manera discrecional, sin recomendación técnica previa, y pidió verificar si se recurrió a él para otorgar o reconocer algún grado a Martínez Bertozzi antes o después de su designación.
La denuncia no afirma que ese mecanismo haya sido usado; solicita que la Fiscalía examine los documentos administrativos correspondientes. También pide establecer si Fernández y Chaves conocían la ausencia del requisito antes de que el nombramiento entrara en vigor.
Por qué importa para la región
El caso muestra un patrón conocido en América Latina: la tentación de sortear los requisitos legales para colocar personas de confianza en áreas sensibles del Estado. Los organismos de inteligencia exigen controles estrictos precisamente porque operan fuera de la vista pública. Cuando el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de otorgar rangos policiales por acuerdo discrecional, el control institucional se debilita y la puerta queda abierta al arbitrio.
La respuesta ahora pertenece a la Fiscalía General, que deberá determinar si se configuró el delito del artículo 344 del Código Penal y quiénes cargan con la responsabilidad política y jurídica de un nombramiento que, a la luz de los documentos citados, carece de respaldo normativo claro. Como recordó La Nación, la designación se sostiene sobre una interpretación reglamentaria que un legislador de oposición considera insostenible frente a la letra de la ley.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige la ley costarricense para dirigir la DIS?
El artículo 65 de la Ley General de Policía exige como mínimo el grado de comisionado para ocupar la dirección de los cuerpos policiales, incluida la DIS.
¿Qué delito se imputa en la denuncia?
El diputado Antonio Trejos sostiene que podría configurarse el delito de nombramientos ilegales, previsto en el artículo 344 del Código Penal costarricense.
¿Reconoció el Gobierno que Martínez Bertozzi no tiene rango policial?
Sí. Casa Presidencial lo confirmó por escrito el 14 de agosto de 2026, en una respuesta oficial difundida por CR Hoy.