Caputo consigue USD 3.200 millones con bancos internacionales pero la letra chica enciende alarmas
El ministro de Economía, Luis Caputo, logró cerrar dos operaciones de endeudamiento internacional por un total de USD 3.200 millones para hacer frente al megavencimiento de deuda del Tesoro. Sin embargo, la letra chica de los contratos revela comisiones millonarias, garantías multilaterales y la delegación de la jurisdicción en tribunales de Nueva York, elementos que ya generan fuertes críticas en el arco político y entre expertos financieros.
¿Cómo se estructuran los nuevos préstamos?
La primera operación, por hasta USD 2.000 millones, será financiada por BBVA y Banco Santander, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del MIGA, ambos del Grupo Banco Mundial. The Bank of New York Mellon actuará como agente administrador, mientras que el Banco Nación fue designado agente de proceso en Nueva York.
La segunda operación, por hasta USD 1.200 millones, corre por cuenta del Deutsche Bank AG, London Branch, con una garantía parcial del BID de hasta USD 550 millones. En ambos casos, la jurisdicción queda prorrogada a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York.
Comisiones millonarias: ¿un negocio redondo para los bancos?
Las resoluciones oficiales reconocen a los bancos una comisión del 0,50% sobre el monto total de cada préstamo. Sobre los USD 3.200 millones, esto representa unos USD 16 millones solo en comisiones, sin contar honorarios, gastos y el costo financiero de las garantías.
“La comisión de los bancos por colocar préstamos está estandarizada, pero no para préstamos que tienen cubierto el 95% con garantías como es este caso”, indicó a LPO uno de los expertos consultados.
El Gobierno defiende la operación argumentando que las tasas son más bajas que las que debería pagar si saliera solo al mercado. El tramo con garantía del Banco Mundial ronda el 6,3% anual, mientras que el tramo con respaldo parcial del BID llega al 7,75%. El costo promedio queda cerca del 7% anual, antes de sumar todos los cargos adicionales.
Garantías multilaterales: ¿un seguro o una trampa?
Un ex viceministro de Economía consultado por LPO cuestionó la verdadera calidad de las garantías: “Una tasa del 6% implica una tasa neta de riesgo altísima, y esta está más de un punto arriba. No es un aval, es una garantía. Se activa si ocurre un evento de impago, pero el responsable final de la deuda es la Argentina, no el Banco Mundial”.
El mismo ex funcionario advirtió sobre la jurisdicción neoyorquina: “Lo de la jurisdicción es un tema bastante sensible, pero supongo que viene de la mano con el hecho de que es un préstamo sindicado bancario y requieren firmar papeles”.
El rol de The Bank of New York Mellon: ¿conflicto de intereses?
Otro punto que generó ruido es la participación de The Bank of New York Mellon como agente administrador. Una fuente consultada recordó que BNY ya tiene una historia sensible en la deuda argentina y advirtió: “No puede ser fiduciario y prestamista de Argentina”. La observación apunta al posible conflicto entre funciones en una operación donde el Estado vuelve a delegar una parte central del manejo financiero en un actor de Wall Street.
¿El plan financiero de Caputo se desmorona?
La operación también deja al descubierto los baches del programa financiero de Caputo. En la presentación oficial, Economía había consignado que por esta vía ingresarían USD 4.000 millones en préstamos con garantía de organismos internacionales durante 2026. Por ahora, lo anunciado son USD 3.200 millones. Faltan USD 800 millones para empatar la filmina.
No es el único descuadre. Algo parecido ocurrió con las privatizaciones. En los cuadros de Economía figuraban USD 2.300 millones para el período, pero el propio Caputo habló luego de un rango de entre USD 500 y USD 1.000 millones para el mismo horizonte. El plan financiero parece una mesa de truco.
¿Hay base legal para estas operaciones?
Un diputado opositor planteó que “debería haber una ley formal del Congreso autorizando el empréstito, pero apenas hay decretos del Ejecutivo y resoluciones conjuntas del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial”. Para esa mirada, el problema no es solo financiero, sino institucional.
La Constitución le otorga al Congreso la facultad de contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda. La Ley de Administración Financiera exige que las operaciones de crédito público estén contempladas en la ley de presupuesto o en una ley específica. La Ley de Presupuesto 2026 habilita al Ejecutivo a tomar deuda dentro de determinados topes y condiciones.
El Gobierno se apoya en la Ley de Presupuesto 27.798, que autoriza al Tesoro a emitir deuda externa bajo jurisdicción extranjera por un monto máximo de hasta USD 36.520 millones. Según esa lectura, Economía tiene margen legal para administrar pasivos y enfrentar el calendario financiero sin pedir una ley por cada operación.
Sin embargo, la discusión no se agota en el cupo. Una cosa es tener una autorización general. Otra es cerrar préstamos sindicados con bancos extranjeros, garantías multilaterales, comisiones millonarias y tribunales de Nueva York como árbitro final de un eventual conflicto. En esa diferencia se mete la pelea política.
“Es un papelón que daña el concepto de seguridad jurídica. Por cosas como esta terminamos en los tribunales de Nueva York”, consideró la fuente parlamentaria, que también cuestionó la falta de información pública sobre los términos completos del nuevo endeudamiento.