Kicillof contra las cuerdas: la Justicia frena la Ley Penal Juvenil y expone el fracaso del Estado bonaerense
La implementación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires quedó suspendida por sesenta días, una medida que golpea directamente la gestión del gobernador Axel Kicillof y deja al descubierto la falta de infraestructura y presupuesto para garantizar la seguridad que los bonaerenses exigen. La decisión de la jueza de menores de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, valida un habeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y paraliza una norma que amplía la responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años.
¿Puede una jueza de primera instancia suspender una ley nacional?
La resolución de Pascual genera un fuerte debate jurídico. Un camarista penal consultado por MDZ fue contundente:
“Es una locura. Un habeas corpus no puede prohibir o suspender en toda la Provincia la aplicación de una ley. La jueza se extralimitó”.El interrogante es válido: ¿corresponde un habeas corpus o debió ser un recurso de amparo? Lo cierto es que la jueza, de perfil garantista pero reconocida por su idoneidad y rigor, ya había sentenciado en 2009 a un menor a 25 años de prisión por el homicidio de un bebé.
Para sus críticos, la decisión no sorprende.
“La jueza ya tenía armada la sentencia desde hace tiempo. Es una estudiosa del tema y tiene una mirada particular en la materia. Necesitó solamente una presentación para validar la cuestión”,señaló un abogado penal. La convocatoria a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre con autoridades provinciales no hace más que confirmar que la discusión recién comienza.
El kirchnerismo y su ADN garantista: la seguridad como asignatura pendiente
El fallo ratifica la percepción ciudadana sobre el sesgo garantista del kirchnerismo, potenciado por la liberación de presos durante la pandemia con el argumento del riesgo de contagio de covid en las cárceles bonaerenses. Ni Kicillof ni su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, se han expedido sobre el tema, una omisión que habla por sí sola.
La gente pide seguridad y los menores protagonizan los arrebatos más comunes y también los más violentos, como los robos seguidos de muerte. La ciudadanía quiere que los delincuentes estén presos, primero, y que la resocialización sea un paso posterior. Esta nueva bomba mediática cae sobre un gobernador aún no declarado candidato presidencial, que ve cómo su gestión queda expuesta ante la falta de respuestas concretas.
La Ley 27.801: un avance legislativo sin respaldo presupuestario
La norma sancionada por el Congreso Nacional establece la responsabilidad penal desde los 14 años y elimina excepciones para delitos menores a 2 años. Sin embargo, su implementación requiere condiciones materiales que la provincia no tiene. La jueza advirtió que aplicar la ley sin esas garantías podría generar una “lesión grave, actual o inminente” a los derechos fundamentales de los adolescentes, comprometiendo la responsabilidad internacional de Argentina.
El déficit no se limita a la cantidad de plazas disponibles. Pascual mencionó problemas de acceso a la educación, formación profesional, incorporación laboral y condiciones generales de alojamiento.
“Este mismo problema también lo tenemos con los mayores. Hacinamiento, ausencia de infraestructuras mínimas. ¿Entonces qué hacemos, no los encerramos?”,se preguntó el camarista.
Infraestructura y recursos que exige la Ley Penal Juvenil
La aplicación de la norma demanda un compromiso real del Estado, no solo discursos:
- Centros especializados de detención juvenil con espacios adecuados, separados de adultos y sin hacinamiento.
- Acceso a educación y formación profesional con escuelas dentro de los centros y programas de capacitación laboral.
- Atención integral de salud con servicios médicos y psicológicos especializados en adolescencia.
- Personal capacitado con formación especializada para jueces, fiscales y operadores del sistema.
- Programas de reinserción social con medidas alternativas a la prisión y seguimiento post-egreso.
¿Qué pasa con los municipios y la seguridad?
Mientras la provincia no resuelve sus problemas estructurales, los intendentes toman cartas en el asunto. Arman policías municipales sin ley que cubra su accionar o generan patrullas mixtas entre Seguridad y Tránsito, complementadas por la policía bonaerense, la única autorizada a detener o intercambiar disparos con los delincuentes. Los municipales solo pueden actuar ante un hecho in fraganti y luego llamar a los policías.
Un policía retirado, hoy legislador, fue más allá:
“Es una ley inaplicable. Las urgencias políticas no ayudan a solucionar los temas provenientes de familias disfuncionales, padres y madres abusivos o consumidos por las adicciones. Esos chicos prefieren vivir en la calle antes que padecer lo que viven en sus hogares”.Y advirtió:
“Hasta que todos los poderes del Estado se pongan de acuerdo, esto no termina nunca. En las escuelas ya se detectan los delitos primarios, continúan en las familias disfuncionales y el primer choreo lo hacen a los ocho años, donde agarran lo primero que encuentran en una soga colgada de una casa, lo que conocemos como ‘sogueros’”.
Preguntas frecuentes sobre la Ley Penal Juvenil en Argentina
¿Qué establece la Ley 27.801 sobre la responsabilidad penal juvenil?
La norma amplía la responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años, elimina excepciones para delitos menores a 2 años y establece garantías procesales, finalidad educativa y medidas alternativas a la prisión.
¿Por qué se suspendió la implementación de la ley en la provincia de Buenos Aires?
La jueza Marta Elba Pascual suspendió la aplicación por sesenta días al considerar que la provincia no cuenta con infraestructura ni condiciones institucionales suficientes para garantizar los derechos básicos de los jóvenes detenidos.
¿Qué consecuencias tiene esta suspensión para el gobierno de Kicillof?
La medida expone la falta de presupuesto y planificación del gobierno bonaerense en materia de seguridad, un tema central para la ciudadanía y un flanco débil para un gobernador con aspiraciones presidenciales.