Santiago Caputo consolida su poder en la agenda nuclear tras la renuncia estratégica de Demian Reidel de NASA
La salida del ingeniero Demian Reidel de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) marca un punto de inflexión en la gestión energética del gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como denuncias por presunta corrupción se transformó en una reorganización institucional que fortalece la posición del asesor presidencial Santiago Caputo en el sector nuclear estratégico.
Una renuncia acordada que cierra un capítulo conflictivo
Reidel presentó su dimisión durante una asamblea de accionistas que duró apenas diez minutos, comunicando que se trataba de una "decisión personal e indeclinable". Sin embargo, fuentes oficiales confirman que la salida había sido negociada veinte días antes, cuando estallaron las acusaciones internas por irregularidades en licitaciones.
La permanencia de Reidel como asesor presidencial, a pesar de las denuncias, evidencia la protección que mantiene del primer mandatario. Esta situación contrasta con el destino de otros funcionarios que enfrentaron acusaciones similares y fueron completamente desplazados del Ejecutivo.
Caputo toma control total de la agenda nuclear
La creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares en diciembre, bajo la dirección de Federico Ramos Nápoli, un joven profesional alineado con Caputo, representa una reorganización institucional estratégica. Esta nueva estructura reporta directamente al Ministerio de Economía, consolidando el control del asesor presidencial sobre el sector.
El nuevo directorio de NASA, designado íntegramente por Ramos Nápoli, está encabezado por Juan Martín Campos como presidente, acompañado por Martín Porro como vicepresidente. La composición incluye a Diego Chaher, único sobreviviente del directorio anterior y figura clave en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Privatización en el horizonte: la misión de Chaher
Chaher tiene una responsabilidad específica: preparar el pliego para privatizar al menos el 44% de NASA antes de fin de año, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley Bases. Esta iniciativa forma parte del programa de modernización del Estado impulsado por la administración Milei.
La inclusión de Diego Garde y Juan Cantarelli, profesionales históricos de la empresa que respaldaron las denuncias internas, sugiere una estrategia de legitimación del nuevo directorio mediante la incorporación de cuadros técnicos reconocidos.
Las denuncias que precipitaron el cambio
El escándalo se desató el 5 de enero cuando el gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, presentó una denuncia interna detallando presuntas maniobras para direccionar licitaciones. Posteriormente se conocieron demandas similares en los juzgados federales de Campana.
El pago de deudas personales por 825 millones de pesos por parte de Reidel, equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo, intensificó las sospechas sobre su gestión. Esta cifra alimentó las críticas sobre posibles conflictos de interés.
Convergencia estratégica entre Caputo y Karina Milei
La salida de Reidel representó uno de los pocos puntos de convergencia reciente entre Santiago Caputo y Karina Milei. El malestar de la secretaria general se habría intensificado tras el anuncio fallido de OpenIA sobre un megaproyecto de inteligencia artificial en la Patagonia por 25 millones de dólares, que nunca se materializó.
Los roces con Caputo se vincularon a la resistencia de Reidel para avanzar en la privatización de NASA, una prioridad del asesor presidencial. Esta convergencia de intereses facilitó una transición ordenada que evitó mayores turbulencias institucionales.
Una nueva etapa para NASA
La empresa nuclear inicia una etapa enfocada en el ordenamiento institucional y la preparación para su eventual privatización parcial. El nuevo directorio deberá demostrar capacidad de gestión transparente mientras prepara el terreno para la participación del sector privado en el desarrollo nuclear argentino.
Esta reorganización consolida la visión del gobierno sobre la modernización del Estado y la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada, manteniendo el control estatal en áreas sensibles para la soberanía nacional.