Brutal homicidio en Córdoba: cuatro contra uno sin piedad
El asesinato de Maximiliano Galván en General Levalle, Córdoba, expone una vez más la crisis de seguridad que atraviesa el país. El albañil de 36 años murió tras diez días de agonía después de recibir un ataque salvaje por parte de cuatro vecinos.
Los hechos: ensañamiento sin justificación
El episodio ocurrió el 16 de enero cuando Galván, tras salir de trabajar, se dirigió a un kiosco cercano a su domicilio. Allí fue interceptado por un grupo de cuatro personas que lo atacaron sin piedad hasta causarle la muerte.
Los datos médicos son contundentes: dos coágulos cerebrales y una fractura de cráneo tan severa que imposibilitó cualquier intervención quirúrgica. La evidencia forense demuestra que no hubo enfrentamiento, sino ensañamiento.
Justicia tardía pero necesaria
Las autoridades judiciales detuvieron a cuatro responsables: Martín José Sevilla, Alex Martín Maldonado, Mateo Xavier Maldonado y Ana Paula Victorio. Solo uno de ellos registraba antecedentes penales, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención del delito.
La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye investiga si existieron amenazas previas, elemento crucial para determinar la premeditación del crimen. La víctima había manifestado temor hacia el mayor de los agresores.
Familia exige justicia efectiva
Vanessa Galván, hermana de la víctima, desmintió categóricamente las versiones sobre conflictos laborales: "Mi hermano era albañil, ellos jamás trabajaron con él". Su testimonio es claro: "No fue una riña. Una riña es mano a mano. Acá fueron cuatro contra uno".
La familia expresó su preocupación por la efectividad del sistema judicial: "Hay que esperar que no pasen ocho meses o tres años y salgan y vuelvan a hacer algo así". Una advertencia que refleja la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Seguridad y orden: prioridades ineludibles
Este caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer las instituciones de seguridad y garantizar que la justicia actúe con firmeza. El Estado debe proteger a los ciudadanos trabajadores como Galván, no permitir que la impunidad aliente más violencia.
La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes, mientras la comunidad de General Levalle exige respuestas y medidas concretas para prevenir futuros episodios de violencia extrema.