Justicia uruguaya confirma remate del apartamento de USD 915.000 de imputada por megaestafa
La empresaria Daniela Cabral, imputada en el esquema Ponzi de Conexión Ganadera que defraudó millones de dólares a inversores, sufrió un nuevo revés judicial. La Justicia uruguaya confirmó definitivamente el remate de su lujoso apartamento en Punta del Este, valuado en USD 915.000, donde cumple prisión domiciliaria.
El inmueble, ubicado en el exclusivo edificio Imperiale frente a Playa Brava, será subastado tras el rechazo del Tribunal de Apelaciones al recurso presentado por Cabral y sus hijas. La defensa argumentaba que la venta vulneraba el derecho a cumplir prisión domiciliaria y constituía una "liquidación anticipada" de un bien hereditario valioso.
El esquema Ponzi que defraudó a miles
Conexión Ganadera, fundada en 1999, captaba ahorro privado prometiendo rentas fijas del 7% mediante supuestas inversiones ganaderas. En realidad, operaba como un clásico esquema Ponzi, pagando a inversores antiguos con dinero de nuevos ahorristas.
El colapso del sistema dejó al descubierto números rojos millonarios y provocó el suicidio de Gustavo Basso, director de la firma y esposo de Cabral, quien se quitó la vida al chocar voluntariamente contra maquinaria vial.
Decisión judicial firme
El juez Leonardo Méndez ordenó inicialmente el remate argumentando los "importantes gastos fijos" del inmueble. El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión, señalando que "se resolvió la enajenación de un bien que integra la masa activa del concurso" conforme la normativa vigente.
Los defensores de los damnificados celebraron la medida como una cuestión de "profunda justicia", argumentando que la prisión domiciliaria en un apartamento de lujo "lesiona la confianza de la sociedad en el sistema de justicia".
Además de Cabral, otros socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, enfrentan cargos por estafa y lavado de activos desde la cárcel, esperando el inicio del juicio.
La subasta del apartamento representa un paso crucial para la recuperación de fondos destinados a compensar a los miles de ahorristas defraudados por este esquema que operó durante más de dos décadas en Uruguay.