Villa Allende: Denuncian penalmente al intendente por medidas de seguridad
El concejal Julio Loza denuncia penalmente al intendente Pablo Cornet por presunta desobediencia y abuso de autoridad en la implementación de un polémico programa de seguridad en Villa Allende.

Concejal Julio Loza presenta denuncia penal contra el intendente Pablo Cornet por programa de seguridad en Villa Allende
El concejal Julio Loza presentó una denuncia penal contra el intendente Pablo Cornet y el secretario Felipe Crespo de Villa Allende por presunta desobediencia a la autoridad y abuso de poder en la implementación de un polémico programa de seguridad.
Detalles de la controversia
La denuncia se centra en el "Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal", una iniciativa que, similar a otras medidas de control urbano en Villa Allende, busca reforzar la seguridad mediante el cerramiento vehicular de seis zonas estratégicas.
Principales acusaciones
Según Loza, las autoridades desobedecieron órdenes judiciales al no incorporar a vecinos amparistas en el Registro de Oposición. Este programa, aprobado por mayoría del PRO, sigue la línea de otras iniciativas de seguridad implementadas en la región.
Contexto político
La polémica se intensificó cuando, en medio de tensiones políticas similares a las observadas a nivel nacional, la diputada Lilia Lemoine cuestionó el apoyo de la vicepresidenta Villarruel a estas medidas durante su estadía en la ciudad.
Irregularidades denunciadas
El edil señala que mediante decretos ejecutivos, Cornet y Crespo modificaron arbitrariamente los alcances de la Ordenanza 14/25, imponiendo requisitos complejos que obstaculizaron la participación ciudadana efectiva.
"Esta maniobra fue una farsa institucional que, aunque aparentaba ampliar la participación ciudadana, en realidad la obstaculizaba", declaró el concejal Loza.
Impacto en la comunidad
El programa ha generado preocupación entre los residentes por sus implicaciones en la libre circulación y los derechos constitucionales fundamentales, especialmente entre inquilinos y poseedores legítimos que fueron excluidos del proceso de consulta.