Business

Victoria judicial para Milei: Nueva York suspende embargo de YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York suspende el embargo del 51% de acciones de YPF, respaldando la posición del gobierno de Milei y asegurando el control estatal de la petrolera.

Publié le
#ypf#javier-milei#economia-argentina#petroleo#vaca-muerta#justicia-internacional#energia#inversion-extranjera
Image d'illustration pour: Alivio para Milei. Corte de apelaciones de Nueva York suspende embargo del 51% de acciones de YPF

Sede central de YPF en Buenos Aires, símbolo del poder energético argentino

Una decisión judicial en Nueva York ha otorgado un importante respiro al gobierno de Javier Milei, al suspender temporalmente el embargo del 51% de las acciones de YPF que había sido ordenado previamente en favor de demandantes por la nacionalización de 2012.

Decisión estratégica para la soberanía energética

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha emitido una suspensión administrativa de la sentencia de primera instancia, permitiendo que el gobierno de Milei mantenga el control estratégico sobre la principal empresa energética del país.

Impacto económico y proyección futura

Esta resolución judicial resulta crucial para Argentina en un momento donde YPF se ha convertido en un pilar fundamental de la recuperación económica. La empresa ha registrado resultados sobresalientes:

  • Ganancia neta de 2.400 millones de dólares en 2024
  • Producción récord en Vaca Muerta de 448.000 barriles diarios
  • Aumento del 22,5% en la producción respecto al año anterior

Contexto histórico y litigio

El caso se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández expropió el 51% de YPF a Repsol. Mientras la empresa española recibió una compensación de 5.000 millones de dólares, otros accionistas minoritarios, representados por fondos de inversión especializados, iniciaron acciones legales que continúan hasta hoy.

Perspectivas y próximos pasos

La participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como "amicus" fortalece la posición argentina, mientras el gobierno continúa su estrategia legal para proteger este activo estratégico nacional.