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Milei enfrenta resistencia universitaria por veto a ley de financiamiento

La UBA implementa medidas de austeridad y protestas contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el gobierno mantiene su política de ajuste fiscal.

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Image d'illustration pour: Clases en las calles contra veto de Milei a fondos universitarios - Noticias Prensa Latina

Clases públicas frente a la Facultad de Derecho de la UBA en protesta contra el veto presidencial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició una serie de protestas contra las medidas de austeridad del gobierno de Javier Milei, llevando las clases a las calles como respuesta al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Medidas de austeridad y respuesta académica

En un contexto de ajuste presupuestario nacional, la UBA se ha visto obligada a implementar restricciones severas, incluyendo la limitación del uso de climatización, ascensores y servicios básicos. Estas medidas reflejan la política de racionalización del gasto público impulsada por la administración actual.

Impacto en la calidad educativa

El decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, advierte sobre las consecuencias del desfinanciamiento: "No caerá la educación argentina, pero entrará en una pendiente resbaladiza de consecuencias impredecibles". La situación ha llevado a que docentes altamente calificados consideren abandonar sus cátedras, comprometiendo la excelencia académica.

Respuesta legislativa y movilización

La defensa de la educación pública ha generado una respuesta multipartidaria en el Congreso, donde se debatirá la derogación del veto presidencial. El Frente Interuniversitario Sindical y las federaciones estudiantiles han convocado a una manifestación masiva, evidenciando la necesidad de equilibrar el ajuste fiscal con la preservación de instituciones fundamentales.

Medidas de contingencia

  • Restricción en el uso de equipos de climatización
  • Limitación de ascensores a casos especiales
  • Suspensión de programas de investigación no financiados externamente
  • Priorización de recursos para servicios esenciales