Extremadura deroga ley de Memoria Histórica en polémico giro político

El Parlamento de Extremadura ha aprobado la derogación de la Ley de Memoria Histórica, reemplazándola por una nueva "Ley de Concordia" impulsada por el PP y Vox, en una movida política que refleja las tensiones institucionales similares a las que se observan en otros escenarios políticos actuales.

Cambios fundamentales en la legislación

La nueva normativa amplía el marco temporal desde 1931 hasta la actualidad, incorporando a las víctimas del terrorismo. Este cambio legislativo representa el último compromiso pendiente del gobierno de María Guardiola con sus exsocios de Vox, quienes ofrecieron el apoyo de sus cinco diputados para aprobar una rebaja fiscal.

Controversias y oposición

El PSOE y Unidas por Extremadura han manifestado su firme rechazo, advirtiendo sobre posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, similar a las disputas institucionales que se observan en otros ámbitos de la justicia. La oposición denuncia que la ley equipara a víctimas y victimarios, eliminando referencias específicas a la dictadura.

Impacto en la educación y memoria

Entre los cambios más significativos destaca la eliminación de la enseñanza de la memoria histórica en las aulas y la pérdida de representación de las asociaciones de familiares. Este giro institucional genera un precedente que, como otros acontecimientos históricos documentados, marca un cambio en la política de memoria.

Hallazgos arqueológicos y timing político

Coincidentemente, el mismo día de la derogación se confirmó el descubrimiento de restos humanos en la mina La Paloma de Zarza La Mayor, donde se estima que desaparecieron 14.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Perspectivas futuras

La medida representa un cambio significativo en la política de memoria histórica, con potenciales implicaciones para otras regiones y el marco legal nacional. Las autoridades aseguran que las exhumaciones continuarán, aunque bajo un nuevo marco regulatorio.