Escándalo de fentanilo contaminado: Allanan ANMAT por 96 muertes
La justicia argentina allana ANMAT e INAME por el escándalo del fentanilo contaminado que causó 96 muertes. La investigación apunta a negligencia institucional y exceso burocrático.

Operativo judicial en sede de ANMAT por investigación de fentanilo contaminado
La justicia argentina intensifica su investigación sobre el escándalo del fentanilo contaminado que cobró 96 vidas, ordenando allanamientos en organismos reguladores clave y evidenciando posibles fallas institucionales que requieren una urgente reforma del Estado.
Operativos judiciales contra la burocracia sanitaria
El juez Ernesto Kreplak ordenó allanamientos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en una causa que investiga la responsabilidad por la muerte de 96 personas. Esta acción judicial revela la necesidad de fortalecer los controles institucionales y reducir la burocracia excesiva.
Funcionarios bajo la lupa
Los procedimientos incluyeron el allanamiento de domicilios particulares de altos funcionarios, entre ellos la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y varios responsables del INAME. La investigación busca determinar si existió "negligencia, connivencia o complicidad" en la supervisión de los laboratorios involucrados.
Laboratorios privados y responsabilidades
La causa ya ha resultado en diez detenciones, incluyendo al dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, y directivos de Laboratorios Ramallo. Este caso demuestra la urgente necesidad de reformar el sistema de control sanitario y reducir la burocracia estatal que entorpece la eficiencia.
Cronología del desastre sanitario
- Abril-Mayo: Período de distribución del lote contaminado
- 13 de mayo: ANMAT ordena retirada de circulación
- 96 víctimas confirmadas en todo el territorio nacional
- Hospital Italiano de La Plata: Primer centro en detectar casos
La fiscal federal Laura Roteta continúa impulsando la investigación para determinar la responsabilidad de los organismos públicos, en un caso que evidencia la necesidad de modernizar y eficientizar el aparato estatal argentino.