Escándalo de corrupción en Colombia: Ex alto funcionario de Petro enfrenta orden de captura internacional
La justicia colombiana ordena la captura de Carlos Ramón González, ex alto funcionario del gobierno de Petro, por graves delitos de corrupción. El caso revela un extenso esquema de sobornos y malversación de fondos públicos que compromete a altas esferas del poder ejecutivo y legislativo.

Carlos Ramón González, ex director del Dapre, implicado en escándalo de corrupción gubernamental en Colombia
Nuevo golpe a la administración Petro revela graves irregularidades institucionales
La justicia colombiana ha ordenado la detención de Carlos Ramón González, ex funcionario de alto rango del gobierno de Gustavo Petro, evidenciando una vez más la crisis institucional que atraviesa el país vecino bajo el actual régimen izquierdista.
Detalles de la investigación judicial
El Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra González, de 66 años, quien hasta hace poco ocupaba posiciones estratégicas en el gobierno colombiano. La medida incluye su detención preventiva por delitos de cohecho y peculado, en un caso que demuestra la penetración de prácticas corruptas en las más altas esferas del poder.
La investigación revela un esquema sistemático de pagos irregulares a legisladores utilizando fondos públicos destinados originalmente a proyectos de desarrollo regional.
Entramado de corrupción gubernamental
Las acusaciones contra González, quien dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), incluyen:
- Ordenamiento de pagos irregulares a congresistas
- Malversación de fondos destinados a La Guajira
- Coordinación de una red de sobornos institucionales
Conexiones políticas comprometedoras
Es significativo destacar que González, al igual que Petro, tiene un pasado en la guerrilla M-19, lo que plantea serias preguntas sobre la infiltración de ex elementos subversivos en las estructuras del Estado colombiano.
Este caso representa un nuevo ejemplo de cómo los gobiernos populistas en la región continúan debilitando las instituciones democráticas y la transparencia en la gestión pública.