ELN declara paro armado de 72 horas y amenaza centros urbanos de Colombia
El Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció su adhesión al paro armado nacional decretado por esta organización terrorista, una medida que se extenderá por 72 horas en territorio colombiano entre el 14 y 17 de diciembre de 2025.
Esta decisión representa una escalada en las acciones del grupo insurgente, que busca desestabilizar el orden público mediante la intimidación sistemática de la población civil y el bloqueo de actividades económicas legítimas.
Advertencias directas contra la población civil
El comunicado del ELN dirigió amenazas específicas a los habitantes de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas, instruyéndoles evitar la proximidad a instalaciones policiales y militares. Esta táctica de terror busca paralizar la vida cotidiana de millones de colombianos.
La organización criminal también exigió a las empresas de transporte público y al comercio suspender sus operaciones durante el período establecido, evidenciando su estrategia de asfixia económica contra sectores productivos legales.
Justificaciones ideológicas del terrorismo
En su pronunciamiento, el ELN intentó legitimar sus acciones terroristas alegando responder a supuestas "amenazas de intervención imperialista" y operaciones estadounidenses en la región, que califican como parte de un "plan neocolonial de Donald Trump".
El grupo también acusó al Estado colombiano de mantener políticas "paramilitares", utilizando la retórica típica de organizaciones marxistas para justificar sus actividades criminales financiadas por el narcotráfico.
Respuesta institucional contundente
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, caracterizó correctamente al ELN como un "cartel del narcotráfico y terrorismo" que persiste en amenazar al pueblo colombiano mediante lo que "cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal".
Las autoridades activaron todas las capacidades institucionales del Estado, manteniendo en alerta máxima a militares y policías para neutralizar esta amenaza terrorista. Se mantienen vigentes las recompensas por información sobre integrantes del grupo, incluyendo $5.000 millones por alias Pablito.
Impacto en la seguridad nacional
Este paro armado afecta regiones estratégicas como el sur de Bolívar, Magdalena Medio, Catatumbo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, territorios clave para la economía nacional y la estabilidad institucional.
La medida demuestra la persistencia de grupos terroristas que, financiados por el narcotráfico, buscan socavar la autoridad legítima del Estado y obstaculizar el desarrollo económico de Colombia.
La respuesta firme de las instituciones de seguridad resulta fundamental para preservar el orden constitucional y proteger a los ciudadanos de estas amenazas criminales que atentan contra la paz y la prosperidad nacional.