El Gobierno nacional analiza llevar el atentado contra la AMIA a los tribunales internacionales, según confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con autoridades de la mutual judía. La iniciativa busca abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las 85 víctimas fatales del ataque del 18 de julio de 1994.
Fuentes judiciales confirmaron a El Cronista que se estudia presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambos tribunales con sede en La Haya. La decisión final dependerá del análisis técnico que realice la cartera de Justicia en los próximos días.
Qué dijo el ministro Mahiques sobre la causa AMIA
“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, publicó Mahiques en su cuenta de X, acompañando el mensaje con fotos del encuentro. El ministro agregó que la cartera mantiene “un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.
La reunión se realizó un día después del aniversario del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. La AMIA prevé difundir un comunicado propio sobre el encuentro en las próximas horas, aunque hasta el cierre de esta edición la entidad no había fijado una posición pública sobre la vía elegida.
El segundo frente judicial internacional en menos de dos semanas
La iniciativa por la AMIA se suma al procedimiento contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas, anunciado por el presidente Javier Milei el 28 de septiembre. En ese caso, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno otorgó a Londres dos semanas para frenar las actividades vinculadas a Sea Lion. Si el Reino Unido no cumple, la Argentina pedirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El canciller Pablo Quirno aclaró que el arbitraje tiene un objetivo acotado: frenar la extracción unilateral de hidrocarburos, sin resolver la disputa de soberanía territorial.
CPI o CIJ: cuál es la diferencia y qué obstáculos enfrenta la demanda
La elección entre la CPI y la CIJ define el tipo de planteo posible. La CIJ resuelve controversias entre Estados, mientras que la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. En el caso de la AMIA, altas fuentes al tanto de la iniciativa aseguraron que la idea es avanzar sobre la CPI, con una eventual demanda contra la República Islámica de Irán.
Los obstáculos en la Corte Penal Internacional
El Estatuto de Roma plantea dos obstáculos para el planteo oficial. El primero es temporal: el artículo 11 limita la competencia de la CPI a crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, y el artículo 24 dispone que nadie será penalmente responsable ante la Corte por conductas anteriores. El atentado contra la AMIA ocurrió en 1994, ocho años antes de esa fecha.
El segundo obstáculo es el principio de complementariedad, previsto en el artículo 17. La CPI declara inadmisible un caso cuando un Estado con jurisdicción lo investiga o lo juzga, salvo que no esté dispuesto a hacerlo o no pueda hacerlo de manera genuina. La Justicia argentina avanza con un juicio en ausencia contra los mismos acusados, y el propio Gobierno impulsó ese mecanismo.
Los obstáculos en la Corte Internacional de Justicia
Si el Gobierno optara por la CIJ, el obstáculo sería otro. Ese tribunal solo puede intervenir si el Estado demandado aceptó de algún modo su competencia. Irán no tiene vigente una declaración de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la CIJ, y un acuerdo especial aparece lejano porque Teherán rechazó en el pasado la propuesta argentina de juzgar a los acusados en un tercer país.
La alternativa sería invocar un tratado con una cláusula de remisión a la Corte, como las convenciones de la ONU contra los atentados terroristas cometidos con bombas (1997) y contra la financiación del terrorismo (1999). Ambos instrumentos son posteriores al atentado y, como regla general, los tratados no se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigor.
La Argentina conoce ese límite por experiencia propia. En 2014 acudió a la CIJ contra Estados Unidos por el litigio con los holdouts, pero el caso nunca se abrió porque Washington no aceptó la jurisdicción del tribunal.
La causa AMIA: en qué quedó el expediente judicial
La causa AMIA nunca fue planteada ante la CPI ni ante la CIJ, pese al histórico reclamo. El único tribunal internacional que dictó sentencia sobre el atentado fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un expediente en el que el Estado demandado fue la Argentina.
En su sentencia de enero de 2024, la Corte IDH concluyó que la Argentina no previno el atentado, no investigó con la debida diligencia el ataque y su encubrimiento, y no garantizó a los familiares el acceso a la verdad. El caso se originó en 1999 con una petición de familiares nucleados en Memoria Activa, acompañados por el CELS, y en 2005 el Estado reconoció su responsabilidad internacional.
El juicio en ausencia y los acusados iraníes
En los tribunales locales, la Cámara Federal de Casación Penal determinó en abril de 2024 que Irán dirigió el atentado y lo calificó como crimen de lesa humanidad. Con la Ley 27.784 de juicio en ausencia, vigente desde marzo de 2025, el juez federal Daniel Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés.
Entre los acusados figuran Ali Akbar Velayati, Mohsen Rabbani y Ahmad Vahidi. El 16 de septiembre, Rafecas sumó al proceso a Alí Asghar Hejazi. Casación todavía debe resolver los planteos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, paso previo para que la causa avance hacia un juicio oral.
Las querellas no tienen una posición única sobre ese mecanismo. La AMIA, la DAIA y otros familiares lo respaldaron, mientras que Memoria Activa, APEMIA y la Asociación 18J advirtieron que la causa arrastra problemas estructurales de prueba.
Preguntas frecuentes sobre la causa AMIA en La Haya
¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar el atentado a la AMIA?
La CPI enfrenta un obstáculo temporal: su competencia se limita a crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, y el atentado ocurrió en 1994. Además, el principio de complementariedad exige demostrar que la Justicia argentina no puede llevar el proceso a término.
¿Qué diferencia hay entre la CPI y la CIJ?
La CIJ resuelve controversias entre Estados, mientras que la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. En el caso AMIA, la CPI permitiría apuntar a las responsabilidades penales individuales de los acusados.
¿Irán aceptó alguna vez la jurisdicción de la CIJ?
Irán no tiene vigente una declaración de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la CIJ, y rechazó en el pasado la propuesta argentina de juzgar a los acusados en un tercer país. Un acuerdo especial también aparece lejano.
¿Qué resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la AMIA?
En enero de 2024, la Corte IDH concluyó que la Argentina no previno el atentado, no investigó con la debida diligencia el ataque y su encubrimiento, y no garantizó a los familiares el acceso a la verdad.