Condenan a dos años de prisión por amenazar a abogado en Córdoba
Tribunal de Córdoba condena a dos años de prisión a una mujer por amenazar de muerte a un abogado y su familia, marcando un precedente en la defensa de la independencia judicial.
Fachada del Juzgado de lo Penal N°5 de Córdoba donde se dictó la sentencia contra la agresora
Justicia actúa con firmeza ante intimidación al ejercicio legal
El Juzgado de lo Penal N°5 de Córdoba ha dictado una sentencia ejemplar, condenando a una mujer a dos años de prisión y 12 meses de multa por obstrucción a la Justicia, tras amenazar de muerte a un abogado y sus hijos. Este caso refleja una tendencia preocupante de intimidación a profesionales del derecho, similar a otros incidentes que han sacudido al sistema judicial recientemente.
Detalles del incidente intimidatorio
Los hechos probados señalan que el 1 de febrero de 2023, la acusada irrumpió en el despacho del letrado mientras este atendía a otro cliente. La mujer profirió amenazas directas contra el profesional y su familia, en un claro intento de interferir con su labor en un procedimiento judicial anterior. Esta situación recuerda a otros episodios de violencia e intimidación que han marcado la actualidad institucional.
Respuesta institucional y defensa del orden legal
El Colegio de la Abogacía de Córdoba, a través de su decano Carlos Arias, ha manifestado su firme compromiso en la defensa de la independencia profesional. Esta postura institucional se alinea con las exigencias de transparencia y reglas claras que caracterizan el ejercicio del derecho.
"La abogacía no puede ejercer su labor en un ambiente de intimidación. No podemos admitir que los profesionales se enfrenten a situaciones que comprometen su libertad, su independencia y su integridad", declaró Arias.
Implicaciones para el sistema judicial
Esta sentencia establece un precedente significativo en la protección del ejercicio profesional del derecho, reafirmando la importancia de mantener la independencia judicial y el respeto a las instituciones democráticas. El tribunal ha sido contundente al señalar que estas conductas intimidatorias constituyen un ataque directo al funcionamiento del sistema de justicia.