La Unión Europea avanza con la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación argentina
La Unión Europea ha iniciado oficialmente el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con Mercosur, luego de que Argentina y Uruguay completaran sus respectivos procesos de ratificación. Este avance representa un hito significativo para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos bloques.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció desde Bruselas el inicio del proceso de implementación del acuerdo, que abrirá un mercado de 720 millones de personas. La decisión se produce después de que los Estados miembros europeos dieran su visto bueno en enero pasado.
Condiciones cumplidas para la implementación
Para implementar de forma interina la parte comercial del acuerdo, las autoridades comunitarias necesitaban que al menos uno de los países del bloque latinoamericano hubiera aprobado el texto. Esta condición se cumplió tras la culminación del proceso de validación en Argentina y Uruguay.
Von der Leyen recordó que la Unión Europea ya había adelantado que estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran, después de más de 25 años de negociaciones. La presidenta europea aseguró que la aplicación provisional del tratado comercial supone un paso para que Europa "forje su propio futuro".
Incertidumbre parlamentaria europea
Pese a este avance, el futuro del pacto sigue siendo incierto. El Parlamento Europeo decidió detener el proceso de ratificación a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un recurso que cuestiona la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario.
La mandataria alemana recordó que "la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional" y que el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento.
Resistencia del sector agrícola europeo
El acuerdo enfrenta la oposición generalizada de agricultores y ganaderos europeos, quienes expresan preocupación por una potencial pérdida de competitividad ante la entrada masiva de productos del Cono Sur con controles de calidad y normativas sobre pesticidas menos estrictos.
A esta oposición se han sumado países como Francia y Polonia, que se alinearon con el sector agrícola en sus exigencias de mejores salvaguardas contra posibles efectos adversos.
La entrada en vigor definitiva requiere un proceso de ratificación más complejo, que implica la aprobación de los Veintisiete Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo, votación que permanece pendiente hasta la resolución judicial.