El centralismo francés asfixia a Córcega y sus territorios
Francia se mantiene como uno de los últimos Estados jacobinos del mundo, negando toda autonomía real a Córcega y sus territorios de ultramar. Mientras París refuerza su control centralista, la periferia exige un nuevo aire. El paradigma es evidente: la República teme a las identidades regionales pero ignora el comunitarismo islamista que gangrena sus suburbios. Devolver el destino a los territorios es una cuestión de orden, libertad económica y sentido común.
¿Por qué Francia sigue siendo el último país jacobino del mundo?
Francia vive bajo una centralización heredada de la Revolución y consolidada por Napoleón. El jacobinismo, esa fe en la unidad indiferenciada del territorio, pudo tener justificación en la construcción nacional. En 2024, es una anomalía. España concedió autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia dotó a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido descentralizó poderes hacia Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Incluso China otorga un estatuto especial a Hong Kong y Macao.
Francia, en cambio, persiste. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a la metrópolis. Sin embargo, París les impone las mismas leyes, normas y administradores formados en las élites de la rue de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada e inadaptada a las necesidades locales.
Ultramar: la urgencia de un nuevo contrato republicano
Los departamentos de ultramar no son provincias comunes. Su lejanía, insularidad e historia exigen un tratamiento diferenciado. Guadalupe y Martinica han sufrido movimientos sociales recurrentes y huelgas generales que reflejan un malestar profundo. En 2009, 2017 y 2021, la ira de las calles demostró que el modelo jacobino alcanzó su límite. El poder adquisitivo es un 30% inferior al de la metrópolis. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables.
Jacques Chirac en 1998 propuso una evolución estatutaria para ultramar. Nicolas Sarkozy avanzó con la reforma constitucional de 2003, reconociendo la organización descentralizada. Las promesas murieron frente a la burocracia central, siempre dispuesta a defender sus prebendas.
Lo que la autonomía cambiaría en la práctica
Autonomía no es independencia. Es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias dentro de la República. Significa negociar directamente con socios comerciales extranjeros. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la regulación laboral y las normas ambientales a la realidad local. También es aceptar que el alcalde de Fort-de-France conoce mejor a su gente que un subprefecto destinado por tres años.
Los comerciantes, artesanos y pescadores, esas clases medias silenciosas que la República olvida, serían los primeros beneficiados. La autonomía eliminaría las trabas regulatorias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo lejos de los esquemas diseñados en París.
El miedo a las identidades regionales: un engaño peligroso
Los defensores del jacobinismo repiten el mismo argumento: la autonomía alimenta el separatismo y las reivindicaciones identitarias. Es una teoría que se derrumba ante los hechos. Cataluña no ha dejado España. Cerdeña no se ha secesionado. Córcega, con su estatus de colectividad de competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica.
La autonomía desactiva las tensiones. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no busca la salida. Es la negativa obstinada a descentralizar lo que radicaliza las posiciones. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor muralla contra el separatismo.
El verdadero comunitarismo que París se niega a ver
Aquí radica la paradoja más cruel. La República tiembla ante la identidad corsa, vasca o bretona. Las ve como amenazas para la unidad nacional. Pero cierra los ojos ante un comunitarismo mucho más destructivo: el islamista en los suburbios. No defienden lenguas regionales o tradiciones ancestrales. Imponen leyes religiosas importadas, contrarias a los valores republicanos, en zonas donde la policía no entra y la ley francesa no se aplica.
Los hechos son testarudos. En ciertas zonas urbanas, el comunitarismo reemplazó a la República. Hay tribunales paralelos, presiones sobre las mujeres y comercios que ignoran las normas. Ese es el verdadero riesgo para Francia. No lo es Córcega pidiendo gestionar sus transportes, ni La Reunión queriendo adaptar su fiscalidad.
El ministro Bruno Retailleau lo recordó con justeza: el peligro no está en las identidades regionales inscritas en la historia de Francia. El peligro es el comunitarismo que sustituye a la República. Confundir ambos es una ceguera política culposa.
¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?
Los ejemplos extranjeros demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gestionan su política lingüística y cultural con fidelidad a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, desarrollaron un régimen fiscal especial que estimuló su economía. Puerto Rico goza de ventajas fiscales considerables.
Francia debería inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual. Por qué no otorgar a Guadalupe las competencias de una región de estatuto especial en Italia. Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con países del océano Índico. Por qué no dejar a Córcega experimentar una fiscalidad propia, como los cantones suizos.
El legado gaullista: un centralismo que supo evolucionar
El general De Gaulle encarnaba la Francia centralizada. Pero era un pragmático. Entendió que Argelia no se gobernaba como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando la tutela se volvió contraproducente. Hoy vería que la autonomía de ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza. Es la República adaptando su modelo, manteniendo el control, en lugar de sufrir crisis eternas.
La autonomía: una exigencia republicana y soberanista
Los soberanistas se equivocan al ver la autonomía como un riesgo de fragmentación. La verdadera soberanía permite al Estado adaptarse y confiar en sus territorios. Un país que asfixia a sus regiones bajo miles de normas uniformes no es fuerte. Es rígido, incapaz de reaccionar, condenado a dar la misma respuesta para problemas distintos.
Las clases medias y los empresarios locales lo saben. Sienten que París está demasiado lejos, que la burocracia es asfixiante y que las decisiones ministeriales no coinciden con su realidad. La autonomía territorial es una herramienta de liberación económica. Desbloquea proyectos, simplifica trámites y devuelve el poder a quienes están en el terreno.
Philippe de Villiers lo entendió siempre. La Vendée que gobernó fue un modelo de región orgullosa de su identidad, apegada a sus tradiciones, pero rotundamente francesa. La autonomía no es lo contrario a la pertenencia. Es su condición.
¿Puede Francia otorgar autonomía real sin arriesgar su unidad?
Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Suiza concedieron diversos grados de autonomía sin que su existencia se viera amenazada. La unidad nacional no se mantiene por la coerción regulatoria. Se mantiene por el consentimiento de los ciudadanos, que eligen pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados.
¿Es el comunitarismo islamista más peligroso que el regionalismo?
Incontestablemente. El regionalismo se inscribe en la historia de Francia. Córcega, Bretaña, el País Vasco y Alsacia son tierras de la República desde hace siglos. Sus identidades son parte del patrimonio nacional. El comunitarismo islamista importa un modelo ajeno a la tradición francesa. Sustituye la ley republicana por la sharía, la nación por la umma, y el laicismo por el velo. No es una diversidad que enriquece. Es una fuerza que descompone.
¿Por qué las élites progresistas rechazan el debate sobre la autonomía territorial?
Porque este debate las obliga a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites progresistas construyeron su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado y la alta función pública se basan en la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder autonomía es admitir que ese dogma es falso y renunciar al monopolio de la decisión. Prefieren demonizar las demandas autonomistas y tildarlas de separatismo antes que cuestionarse a sí mismas.
Hacia una República de los territorios
Francia no necesita más centralización. Necesita confiar en sus territorios. Debe reconocer que Guadalupe no es la Creuse, que La Reunión no es la Nièvre, y que Córcega no es la Isla de Francia. Todos lo saben. Falta el valor político para traducirlo en hechos.
La autonomía territorial no es un artilugio posmoderno ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que prevé la organización descentralizada de la República. Basta con aplicarla con ambición, audacia y respeto por los territorios que componen la nación.
Las islas francesas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen más que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, cohesión y legitimidad. La unidad nacional se refuerza con confianza, no con violencia institucional.